Scharboy Almánzar pasó ocho meses en cárcel por una acusación falsa
La Procuraduría General de la República, varios procuradores fiscales adscritos a la procuraduría fiscal de Santo Domingo Este, y la procuraduría fiscal de Santo Domingo Este fueron sometidos ante el Tribunal Superior Administrativo, mediante una demanda en responsabilidad patrimonial, por daños y perjuicios materiales y morales al ciudadano Víctor Scharboy Almánzar.
Scharboy Almánzar le notificó la demanda en responsabilidad patrimonial a los citados fiscales mediante el acto No.712/2025, instrumentado por el Ministerial Robinson E. González A. por conducto de sus abogados Miguel Álvarez Hazim y Luis Lizardo Cabrera.
La demanda fue depositada ante el TSA contra la Procuraduría General de la República (PGR) en su calidad de institución encargada de ejercer la investigación penal en representación de la sociedad y como personas físicas a la Procuradora General de la República, así como a César Payano, Carlos Casado, Florentino Sánchez Zabala, María Sánchez, Felipe E. Cuevas, procuradores fiscales de la provincia Santo Domingo y la Procuraduría Fiscal de la provincia Santo Domingo, esta última, como órgano con responsabilidades jurídicas y patrimoniales.
Según la querella, los referidos fiscales incumplieron la ley No. 133-2011, orgánica del Ministerio Público, que plantea actuar con objetividad, imparcialidad y respeto a la ley y a la Constitución, de igual manera, se le acusa el haber violado el artículo 260 del Código Procesal Penal.
Sobre el demandante
Víctor Scharboy Almánzar, de 66 años de edad, permaneció preso ocho meses y 15 días, desde septiembre de 2023 hasta mayo de 2024, tras ser sometido por supuesta agresión a su expareja María Yocasta Escotto de los Santos (Sulay), quien le hizo una acusación falsa, con fines de extorsionarlo.
El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó una sentencia absolutoria el 10 de junio de 2024 y lo declaró no culpable por insuficiencia de pruebas.
Por el caso, la PGR y los funcionarios públicos judiciales citados son acusados de aplicar de manera incorrecta y arbitraria varios artículos de la Ley 137-11. De igual modo, parte del articulado del Código Procesal Penal (CPP), en lo relativo a la falta de objetividad, de imparcialidad, violación al debido proceso y la inobservancia, con el “único fin de pretender legalizar una acción dolosa, basada en el chantaje y la extorsión”, establece la querella.
Los abogados Álvarez Hazim y Lizardo Cabrera, representantes de Scharboy Almánzar, entienden que contra él se cometieron las violaciones citadas anteriormente, lo que calificaron como un abuso contra el ciudadano, por no haberse llevado a cabo una investigación objetiva e imparcial.
De igual manera, señalan, que le ocasionaron daños tanto material, como emocional, “toda vez que fue reducido a prisión violándosele todos sus derechos, no solo al imponérsele prisión preventiva como medida de coerción, sino que el Ministerio Público solicitó condena sin prueba alguna”.
La condena solicitada
En sus conclusiones, la familia Scharboy Almánzar solicita al Tribunal Contencioso Administrativo condenar a la Procuraduría General de la República, como órgano superior del Ministerio Público, de manera solidaria al pago de una indemnización de 30,000,000 millones de pesos como justa reparación de los daños y perjuicios causados.
