Noticias que fueron tendencia viernes 28
Un resumen dinámico de las noticias más trascendentales de la semana, en el que la llegada del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth y el acuerdo de utilizar los aeropuertos de San Isidro y Las Américas para acciones contra el narcotráfico generaron una gran atención y debate, al igual que la decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) que elimina plazo y tope de edad para reclamar pensiones por discapacidad.
Sentencia del TC obliga a permitir reclamos de pensiones sin límite de tiempo
El órgano rector del sistema de seguridad social, Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), modificó el contrato de póliza de discapacidad y sobrevivencia del régimen contributivo tras una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Quedó anulado el artículo que establecía un plazo de 20 años para reclamar pensiones por discapacidad o por sobrevivencia.
También fue eliminado el tope de 65 años para acceder a una pensión por discapacidad. Esta restricción —y la prescripción para reclamar beneficios— fue declarada inconstitucional por no estar contemplada en la ley orgánica del sistema.
Como resultado, personas con discapacidad de cualquier edad, así como sus familiares, podrán solicitar sus prestaciones sin límite de tiempo, y los afiliados mayores de 65 años mantendrán cobertura de salud y derecho al beneficio.
- La medida implica que la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) debe adaptar las normativas complementarias en un plazo de 60 días, mientras que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la procesadora de datos deberán implementar ajustes tecnológicos en un plazo de 10 días hábiles.
Con la decisión, trasciende un precedente en materia de seguridad social: los derechos a pensión por discapacidad o sobrevivencia no pueden ser condicionados por plazos o edades.
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Desmantelan estafa inmobiliaria internacional encabezada por mujeres en RD
La presunta red de estafa inmobiliaria desmantelada bajo la operación Operación Guepardo está encabezada principalmente por mujeres. El Ministerio Público acusa a siete mujeres —y dos hombres— de defraudar a 469 personas con falsos proyectos inmobiliarios en las provincias de La Altagracia y La Romana, por más de 18 millones de dólares.
Entre las detenidas figura la venezolana Keylis Sarahi Belfon Arismendi, arrestada en Medellín, señalada como una de las principales líderes responsables de administrar fondos, adquirir bienes con el dinero de las víctimas y planificar la fuga de otra implicada.
También está implicada la dominicana Loany Lismeiry Ortiz Nova, a quien se atribuye el manejo de la cuenta bancaria principal de Novasco Real Estate SRL, desde donde presuntamente se transfirieron los fondos a Belfon. Ortiz Nova fue detenida en Colombia en febrero, y su extradición hacia República Dominicana está en proceso avanzado.
La red habría captado inversionistas nacionales y del exterior —Europa, Estados Unidos y Canadá— mediante promesas de proyectos inmobiliarios falsos, para luego desaparecer con los fondos.
El caso representa uno de los mayores fraudes inmobiliarios en la historia reciente dominicana, con un impacto millonario y cientos de víctimas en el país y en el extranjero.
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Una maniobra indebida en subestación de SPM desencadenó el colapso eléctrico nacional, según el OC-SENI
Un informe técnico divulgado el miércoles por OC-SENI atribuye el apagón nacional del pasado 11 de noviembre a una “maniobra indebida” realizada en la subestación de 138 kV de San Pedro de Macorís I, cuando una línea aún energizada fue desconectada manualmente. Esa acción provocó un cortocircuito de alta intensidad, desencadenando una reacción en cadena que dejó sin servicio eléctrico al territorio nacional.
Tras el cortocircuito, los sistemas de protección del SENI actuaron conforme al diseño, desconectando líneas cercanas para aislar la falla. Pero, como resultado, quedó aislada la generación del Este —aproximadamente 575 megavatios— del resto del sistema, lo que generó un desequilibrio entre oferta y demanda eléctrica. Las centrales de gran capacidad se dispararon automáticamente, intentando protegerse y proteger el sistema, sin éxito.
Según el informe, aunque el SENI logró estabilizar la frecuencia durante los primeros 89 segundos tras la falla, el sistema continuó debilitado por la falta de reserva fría sincronizada y la no reposición total de los circuitos EDAC. Esa debilidad tuvo como consecuencia una caída abrupta de frecuencia que colapsó el sistema en su totalidad, dando paso al apagón generalizado.
El documento del OC-SENI, elaborado por un equipo multisectorial de especialistas.
Además del análisis del origen técnico del apagón, incluye una serie de recomendaciones y medidas correctivas para reforzar la operación del sistema: instalación de nuevas protecciones en subestaciones, ajustes en los protocolos operativos, integración de sistemas de almacenamiento mediante baterías y actualizaciones de los esquemas automáticos de desconexión.
Con estos hallazgos, las autoridades del sector eléctrico dominicano señalan la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de supervisión y control del sistema, con miras a evitar que una falla operativa humana vuelva a desencadenar una catástrofe similar.
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Cooperación aérea entre RD y Estados Unidos se activa bajo pactos legales previos
La visita histórica del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Pete Hegseth a la República Dominicana y el posterior anuncio de la utilización de los aeropuertos de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones orientadas a combatir el narcotráfico en la región, en medio del aumento de las tensiones con Venezuela centró gran parte de la atención noticiosa de esta semana.
Según documentos citados por Diario Libre, la autorización otorgada a Estados Unidos para utilizar temporalmente aeropuertos dominicanos se sustenta en acuerdos de cooperación firmados en 1995 y 2003, los cuales permiten la presencia de aeronaves estadounidenses para operaciones de interdicción aérea y combate al crimen transnacional. Estos marcos legales establecen los protocolos y limitaciones bajo los cuales Washington puede emplear infraestructura dominicana en misiones específicas.
La llegada del avión militar Boeing C-17 Globemaster III a Santo Domingo generó atención regional debido a la reacción del Gobierno venezolano, que calificó la decisión dominicana como una “locura imperial”. El aterrizaje del C-17 coincidió con un incremento de tensiones diplomáticas por la interpretación que Caracas hace del alcance del acuerdo bilateral entre República Dominicana y Estados Unidos.
Hasta el momento, las autoridades dominicanas han señalado que la operación es puntual, de duración limitada y enmarcada en los convenios vigentes. También han indicado que no se han divulgado detalles completos sobre las misiones que podría ejecutar Estados Unidos desde los aeropuertos autorizados, incluyendo la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas.
El Gobierno dominicano sostiene que la cooperación forma parte de los esfuerzos conjuntos para reforzar la lucha contra el tráfico de drogas en el Caribe. La medida fue anunciada tras la visita al país del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien se reunió con el presidente Luis Abinader para discutir acciones ampliadas de seguridad regional.
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Tribunal establece que Alexis Medina financió campañas del PLD con dinero ilícito, pero no puede ser condenado
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concluyó en su sentencia del proceso que involucró a Alexis Medina Sánchez que habría financiado campañas del PLD con recursos de origen ilícito. El fallo establece que los fondos surgieron de un entramado empresarial que, según la acusación, combinó contratos públicos, lavado de activos y uso de testaferros para desfalcar al Estado.
La sala determinó que tanto Medina como su coimputado Wacal Vernabel Méndez habrían entregado dinero obtenido ilegalmente mediante empresas vinculadas al grupo societario controlado por Medina, y que esos recursos no fueron registrados ante la Junta Central Electoral (JCE). Esa práctica constituye una grave vulneración de la transparencia, la equidad electoral y la normativa de financiamiento de partidos.
Sin embargo, las juezas explicaron que la ley vigente —la Ley 33-18 de Partidos y Movimientos Políticos— penaliza solamente a quienes reciben los fondos en nombre del partido, no a quienes los aportan. En este caso, no se logró identificar quién dentro del PLD habría aceptado conscientemente esos recursos, por lo que legalmente no pudo imponerse sanción penal alguna por financiamiento ilícito.
El fallo, no obstante, confirma la existencia de una red societaria operada por Medina entre 2012 y 2020 mediante la cual se obtuvieron contratos públicos, se movieron grandes sumas de dinero y se ocultó la propiedad real de bienes y capitales. Diversas empresas fueron señaladas como parte del entramado que sirvió para la simulación de operaciones, lavado de activos y eventual financiamiento político irregular.
El Ministerio Público ya ha anunciado que apelará la decisión, al estimar que la sentencia no responde a la magnitud de las evidencias documentales presentadas en el juicio.
