MP varía solicitud de coerción contra acusados de estafar abuelos
El Ministerio Público modificó este viernes la solicitud de prisión preventiva por arresto domiciliario para cinco de los imputados en el caso conocido como “Estafa de los Abuelos”, mientras que solicitó 18 meses de prisión preventiva para otros dos procesados.
Los favorecidos con la variación de la solicitud son:
- Gipsy Pamela Castaños García
- Luis Eduardo Méndez Ureña
- José Ramón López Tavárez
- Juan Luis Naranjo Gómez
- Adderly Antonio Polanco Báez
En el caso de Castaños García, además del arresto domiciliario, el órgano acusador requirió una garantía económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora y presentación periódica ante la fiscalía.
En tanto que para Jesús Manuel Castaños Colón y Bernardo Taveras Vélez, el Ministerio Público mantiene su petición de 18 meses de prisión preventiva.
Asimismo, la fiscalía solicitó que el caso sea declarado complejo, alegando que se trata de una estructura criminal organizada con múltiples imputados y con incidencia transnacional.
El fiscal Claudio Cordero explicó que la variación se produjo luego de escuchar las declaraciones de cinco de los encartados. Aunque no fue confirmado por el magistrado, una fuente de entero crédito dijo a Diario Libre que los favorecidos con el cambio en la solicitud se mostraron “colaboradores” durante la vista.
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“Entendemos que se dan las características propias que establece la normativa procesal penal para que este caso sea complejo, no solo por la multiplicidad de imputados, sino porque se trata de crimen organizado que ha afectado considerablemente tanto a la República Dominicana como a los Estados Unidos”, señaló.
La decisión del tribunal de Atención Permanente de Santiago, dirigido por Yibery Polanco, será dada a conocer el viernes 5 de septiembre a las 2:00 de la tarde.
Por su parte, los abogados de la defensa manifestaron que el tiempo tomado por el tribunal para deliberar resulta excesivo, aunque aseguraron respetar la decisión.
La estafa de los abuelos
Según la acusación, la red criminal utilizaba plataformas digitales desde la República Dominicana para ejecutar delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de activos, afectando principalmente a ciudadanos estadounidenses en edad de retiro.
La Dirección de Persecución del Ministerio Público indicó que el fraude supera los 5 millones de dólares, mientras que en territorio dominicano se han incautado bienes valorados en más de 500 millones de pesos.
Otro grupo de personas vinculadas a la estructura es requerido por la justicia estadounidense para responder por los mismos delitos.
