Condenan a hombre por asesinar y descuartizar expareja embarazada
La noche del 23 de mayo de 2024, Eduarda Díaz Guzmán, con cuatro meses de embarazado, desapareció camino a su trabajo en un hospital en la provincia San Cristóbal. Nunca llegó. Horas más tarde, su familia denunció su desaparición, y comenzó la búsqueda que culminó revelando una tragedia inimaginable.
La investigación determinó que José Osvaldo Cuevas, alias “el Compa”, había secuestrado a Eduarda, su expareja, alrededor de las 9:32 de la noche y que, tras amenazarla en varias ocasiones, la asesinó. El crimen, según el expediente acusatorio, incluyó el descuartizamiento de la víctima.
Parte de sus restos hallados un año después
Una nota de prensa del Ministerio Público señala que parte de sus restos fueron hallados el 25 de mayo de 2025, dentro de una funda negra tirada en un monte del sector La Conga de Ingenio Nuevo, en la referida provincia, próximo a la residencia del imputado.
Un día después, las autoridades localizaron otras partes del cuerpo en lugares cercanos con ayuda de una unidad canina y un médico forense.
La autopsia confirmó que se trataba de una muerte violenta de etiología médico-legal homicida, aunque debido al estado del cuerpo no pudo determinarse qué utilizó el procesado para cometer el crimen, el mecanismo de la muerte ni la causa.
Tras cometer el crimen, Cuevas se entregó voluntariamente a la Policía Nacional el 24 de mayo del año pasado, alrededor de las 10:30 de la noche, confesando los hechos.
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Condenado a 30 años
El Tribunal Colegiado de San Cristóbal acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó la pena máxima de 30 años de prisión contra Cuevas, hallado culpable de violar los artículos 295, 296, 297, 298 y 304, párrafo II, del Código Penal.
La sentencia fue emitida por los jueces Rosa Edalia Mateo, Ana Inés Susana y Chadalis E. Rosario, quienes ordenaron que la pena se cumpla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La fiscal Ingris M. Guerrero encabezó la investigación, mientras que el Ministerio Público estuvo representado en la litigación por el fiscal Daryl Montes de Oca.
