Caso Intrant: el Estado bajo control remoto
Cuando la Procuraduría presentó la acusación formal del caso conocido como Operación Camaleón, no lo definió solo como un esquema de corrupción. Lo describió como una mutación.
La corrupción, decía el documento, se había digitalizado: ya no se escondía en sobres ni en transferencias disimuladas, sino en los servidores, en los dominios web y en los contratos tecnológicos del propio Estado.
El expediente combina delitos que rara vez aparecen juntos: fraude administrativo, sabotaje tecnológico, espionaje, terrorismo, lavado de activos y falsificación digital.
Y detrás de esa mezcla —según la acusación— estaba una misma estructura, flexible y persistente, capaz de cambiar de forma según el entorno institucional.
De ahí su nombre: Camaleón.
El disfraz de la modernización
Entre 2020 y 2024, los imputados controlaron desde empresas privadas las principales plataformas de tránsito y control urbano del país: las licencias de conducir, el sistema semafórico, la red de cámaras y los cobros electrónicos del Intrant.
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Cada uno de esos proyectos se presentó como parte de la transformación digital del Estado.
Y en todos ellos, de acuerdo con la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa), se repitió el mismo patrón: contratos diseñados desde dentro, adendas infladas, recaudaciones desviadas y control operativo desde servidores externos.U
Una compleja red empresarial
Esa red fue posible gracias a una arquitectura empresarial compleja.
El Ministerio Público identifica al menos siete compañías —Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam, Aurix S.A.S, OML Inversiones, Inprosol y Soltex Dominicana— que actuaban como piezas de un mismo engranaje.
Unas firmaban contratos, otras cobraban, y otras lavaban los fondos mediante inversiones inmobiliarias o transferencias a terceros.
El discurso de la modernización sirvió de cobertura.
Las licitaciones prometían digitalizar servicios, conectar bases de datos y automatizar procesos; en los hechos, abrían puertas de acceso a la información estatal y a flujos financieros sin control.
Lo tecnológico fue el disfraz perfecto.
El camaleón financiero y digital
El expediente documenta con precisión cómo una misma identidad empresarial adoptó distintas formas según el proyecto.
Cuando el Intrant licitó la red semafórica, la empresa se presentó como Transcore Latam, con fachada internacional.
Cuando se trató de procesar pagos, operó como PagoRD Xchange.
Y cuando buscó acceso a información sensible del Ministerio de Defensa, se presentó como Aurix S.A.S.
En cada caso, el camaleón cambiaba de color para adaptarse al entorno.
El esquema no solo capturaba recursos, sino también poder operativo.
Al tener el control remoto de sistemas semafóricos, plataformas de cobro y redes de videovigilancia, los acusados podían —según la Pepca— intervenir o paralizar servicios públicos esenciales.
Esa capacidad se demostró cuando, en agosto de 2024, un sabotaje deliberado dejó sin control los semáforos del Gran Santo Domingo.
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Lo que revela el caso
La Operación Camaleón plantea una nueva dimensión en la relación entre corrupción y tecnología: el control informático como instrumento de poder político y económico.
A diferencia de los escándalos tradicionales de sobrevaluaciones o sobornos, aquí el Estado perdió temporalmente el dominio de sus propias plataformas.
Los sistemas públicos, diseñados para mejorar la gestión, se convirtieron en herramientas privadas de manipulación.
El Ministerio Público sostiene que el caso debe servir como advertencia: la digitalización sin controles es una vulnerabilidad.
La interconexión de servicios —pagos, cámaras, semáforos, licencias— crea oportunidades de eficiencia, pero también de captura.
El expediente muestra cómo una red bien planificada puede apropiarse de esos sistemas, disfrazada de innovación.
El cierre de un ciclo
En los tribunales, el proceso sigue abierto.
Diecisiete imputados —entre ellos el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez)— enfrentan cargos que van desde fraude administrativo hasta terrorismo tecnológico.
La Pepca pide apertura a juicio y plantea que el caso marca “un punto de inflexión” en la persecución penal de la corrupción pública.
Más allá del desenlace judicial, Camaleón deja una pregunta institucional: ¿puede el Estado recuperar el control pleno de su propia tecnología?
Porque, como se desprende del expediente, durante varios años los sistemas que debían ordenar el tránsito, vigilar las calles y cobrar las tasas estuvieron bajo control remoto de particulares.
El nombre del caso —elegido por los investigadores— resume su esencia: una estructura que supo confundirse con su entorno, cambiar de forma, mimetizarse entre contratos y servidores.
Un camaleón que, a fuerza de adaptarse, logró volverse invisible dentro del propio Estado.
