Cómo cayó en Medellín la supuesta líder de Operación Guepardo
La captura de Keylis Samahi Belfon Arismendi en Colombia cerró uno de los capítulos más sensibles de la Operación Guepardo, la investigación dominicana que desmontó una presunta red internacional de estafa inmobiliaria que habría obtenido más de 18 millones de dólares de víctimas en varios países.
¿Cómo se desarrolló la captura de Keylis Samahi Belfon Arismendi?
Su ubicación, según fuentes policiales, no fue casual: se trató de un trabajo de seguimiento, cruce de información y cooperación internacional que tomó meses y permitió rastrear sus movimientos desde República Dominicana hasta Medellín.
Keylis Samahi Belfon Arismendi, fue retenida en el barrio Belén, en el suroccidente de Medellín, donde llevaba meses moviéndose con bajo perfil. Las autoridades colombianas la ubican como pieza central de un entramado de estafas que operaba desde proyectos habitacionales ficticios.
Para dar credibilidad a las ofertas, utilizaba empresas legalmente constituidas y plataformas inmobiliarias internacionales. Esa estructura logró captar dinero de ciudadanos de República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y países europeos.
La operación para capturarla involucró a la Interpol Colombia, Interpol Santo Domingo, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y Migración Colombia. Las autoridades aseguran que su detención fue posible gracias a “labores de verificación, intercambio de información y protocolos de cooperación internacional”, luego de que República Dominicana gestionara la emisión de una notificación roja por los delitos imputados.
La investigación, iniciada en Colombia a partir de información remitida por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos dominicana, permitió reconstruir con detalle su ruta migratoria, movimientos internos, posibles refugios y conexiones locales. Esa verificación llevó a los agentes hasta una zona residencial de Belén, donde operaron con sigilo hasta confirmar su identidad.
Al momento de la detención, Belfon Arismendi, era requerida por los delitos de estafa, lavado de activos, delitos tecnológicos, bancarrota fraudulenta y asociación ilícita. En República Dominicana, donde se abrió el expediente principal, es señalada como una de las cabecillas de la supuesta red que utilizó la empresa Novasco Real Estate S.R.L. y la franquicia RE/MAX ONE para promocionar proyectos de lujo que nunca se construirían.
Los reportes señalan que los clientes transferían sumas importantes de dinero confiando en marcas reconocidas dentro del mercado inmobiliario. Ese prestigio habría sido utilizado como fachada para captar inversionistas dentro y fuera de República Dominicana. Una parte importante de los fondos era movida a cuentas administradas por los integrantes del grupo para adquirir bienes y sostener las operaciones.
¿Qué avances y medidas legales se han tomado en República Dominicana?
Tras su arresto en Medellín, Belfon Arismendi fue puesta a disposición de la Fiscalía colombiana. Mientras se completan los trámites de extradición, las autoridades dominicanas esperan la documentación diplomática necesaria para trasladarla y formalizar su vinculación al expediente penal.
En República Dominicana, el caso continúa avanzando. En La Romana, la jueza Margarita Cristo impuso 18 meses de prisión preventiva a Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux, también vinculados al entramado. La medida fue declarada compleja y se ordenó la oposición a la venta o traspaso de bienes asociados a la supuesta red.
El Ministerio Público sostiene que al menos 122 víctimas resultaron afectadas por el esquema, además del Estado dominicano. Entre los perjudicados figuran ciudadanos estadounidenses, canadienses, puertorriqueños y residentes en Europa. El proceso penal se apoya en violaciones al Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
La detención de Belfon Arismendi en Medellín es vista como un paso decisivo en el avance del caso. Las autoridades dominicanas aseguran que la extradición permitirá robustecer la acusación y determinar con mayor precisión el alcance de la operación financiera que habría sostenido la red entre 2022 y 2024. Entretanto, exhortan a posibles afectados a presentar sus denuncias para ampliar el universo de víctimas y asegurar la recuperación de los fondos movilizados.
